Un fallo judicial obliga al Gobierno a aumentar los fondos destinados a las universidades
El juez Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA y cuestionó el decreto que había frenado la aplicación de una norma que establecía mayores recursos para las casas de altos estudios.
La Justicia dictó una resolución que obliga al Gobierno a incrementar los fondos destinados a las universidades nacionales. El juez Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires y declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que había frenado la aplicación de la norma.
La decisión judicial se produce en medio de la disputa por el financiamiento de las universidades y alcanza a una norma cuya implementación había quedado suspendida por una medida del Poder Ejecutivo. El planteo presentado ante la Justicia buscaba revertir esa decisión y garantizar la aplicación de las disposiciones vinculadas con los recursos para las instituciones universitarias.
El magistrado consideró procedentes los argumentos planteados por el CIN y la UBA y resolvió contra la decisión adoptada por el Gobierno. De esta manera, la resolución judicial establece que el Ejecutivo debe avanzar con una mayor asignación de fondos para las universidades, en línea con lo establecido por la norma cuestionada.
El fallo representa un nuevo capítulo en la discusión entre el Gobierno y las instituciones universitarias por el presupuesto destinado al sistema educativo superior. La controversia había quedado centrada en la decisión oficial de postergar la aplicación de la normativa y en los recursos que las universidades consideran necesarios para sostener su funcionamiento.
Con la resolución de Cormick, el conflicto suma ahora una definición judicial que cuestiona la herramienta utilizada por el Gobierno para frenar la implementación de la norma. Los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA fueron aceptados y el decreto quedó alcanzado por la declaración de inconstitucionalidad.
La decisión obliga al Ejecutivo a modificar su posición respecto del financiamiento universitario y abre un nuevo escenario para la relación entre el Gobierno y las universidades nacionales.
