Delcy Rodríguez reconoció excesos en la aplicación de la ley contra el odio
La funcionaria venezolana admitió que hubo un “uso abusivo” de la norma utilizada para justificar cientos de arrestos y acciones contra disidentes del chavismo. Ahora impulsa una reforma de la legislación.
Delcy Rodríguez reconoció que en Venezuela hubo un “uso abusivo” de la denominada ley contra el odio, una normativa que fue utilizada para justificar cientos de arrestos y acciones judiciales contra personas consideradas disidentes del chavismo.
La funcionaria planteó ahora la necesidad de reformar la legislación y admitió que su aplicación derivó en situaciones que excedieron el objetivo original de la norma. El reconocimiento se produce después de años en los que la ley fue utilizada en procesos contra opositores y personas críticas del gobierno venezolano.
La legislación establece sanciones para determinadas expresiones y conductas consideradas vinculadas con la promoción del odio. Su aplicación permitió que distintas personas fueran detenidas y procesadas bajo esa normativa.
Rodríguez reconoció que la utilización de la ley alcanzó niveles que ahora considera necesario revisar. La referencia al “uso abusivo” supone una admisión sobre la forma en que la normativa fue aplicada durante los últimos años.
La funcionaria propuso modificar el marco legal para evitar que vuelva a producirse ese tipo de utilización. La reforma buscaría establecer nuevos límites para la aplicación de las disposiciones contempladas en la legislación.
La ley contra el odio se convirtió en una herramienta utilizada por las autoridades venezolanas para actuar contra personas señaladas por determinadas expresiones o actividades. Organizaciones y sectores opositores denunciaron durante años que la norma había sido utilizada para perseguir a disidentes del chavismo.
El reconocimiento de Rodríguez se produce en ese contexto y abre la posibilidad de una revisión del mecanismo legal. La funcionaria no planteó eliminar la norma, sino reformarla a partir de los problemas registrados en su aplicación.
El debate sobre la legislación se suma así a la discusión sobre el uso de herramientas judiciales y legales contra quienes cuestionan al gobierno venezolano. La modificación propuesta buscaría corregir los aspectos que, según reconoció Rodríguez, permitieron un uso abusivo.
La funcionaria admitió de esta manera que la aplicación de la ley generó consecuencias que ahora considera necesario revisar. El próximo paso será definir qué modificaciones se introducirán y cómo quedará establecido el nuevo alcance de la norma.
