La licitación de la basura en la Ciudad abre una disputa sindical por más de US$ 100 millones

Camioneros reclama que las empresas que finalicen sus concesiones indemnicen a unos 6.000 trabajadores antes del traspaso a las nuevas compañías. El gremio amenaza con asambleas y medidas de fuerza mientras la Ciudad prepara la licitación del servicio para el período 2028-2038.

La próxima licitación del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires quedó atravesada por una disputa entre el Gobierno porteño y el sindicato de Camioneros por el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector. Pablo Moyano reclama que las empresas que finalicen sus concesiones abonen las indemnizaciones antes de que el personal sea absorbido por las nuevas adjudicatarias.

El gremio denomina “Ley Moyano” a una práctica que aplica desde fines de la década de 1990 y que no cuenta con respaldo legal específico. Según este mecanismo, cuando termina una concesión, la empresa saliente indemniza a sus empleados y luego las nuevas compañías vuelven a contratarlos. Para el cálculo de la indemnización se pierde la antigüedad, aunque esta se conserva para vacaciones y otros beneficios.

La disputa se produce antes de la audiencia pública prevista para el lunes 5, en la que se analizarán los pliegos para la prestación del servicio durante el período 2028-2038. En los anteproyectos que circulan no aparece contemplada una partida destinada a indemnizar a los aproximadamente 6.000 trabajadores de la actividad.

Moyano comenzó a impulsar asambleas en las empresas y advirtió que el sindicato podría realizar un cese de actividades y movilizarse hacia la Legislatura porteña o la Jefatura de Gobierno durante la audiencia. El dirigente sostuvo que buscará que las indemnizaciones sean incluidas en el proceso de licitación.

El Gobierno porteño señaló que pretende iniciar el proceso para adjudicar el servicio durante 2027, con al menos un año de transición entre las empresas actuales y las nuevas concesionarias. La prestación comenzaría en 2028.

Entre los cambios que se analizan figura una modificación del esquema de zonas. Actualmente existen cinco áreas de recolección operadas por cinco empresas y la Ciudad evalúa dividir el servicio en más zonas, posiblemente más pequeñas.

El costo de las indemnizaciones constituye el principal punto de conflicto. Según fuentes citadas en el artículo, un barrendero tiene un salario promedio de $3,5 millones y el pago al conjunto de los trabajadores podría superar los US$100 millones.

Aunque las indemnizaciones deberían ser afrontadas por las actuales concesionarias, fuentes del sector sostienen que las empresas podrían no estar en condiciones de asumir ese costo y buscarían trasladarlo al Gobierno porteño.

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