El proyecto por Malvinas incorpora penas por desinformación y genera cuestionamientos opositores
La iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso contiene 133 artículos y propone endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina. También crea un Consejo de Seguridad Nacional y modifica el Código Penal con penas de 5 a 12 años por determinadas acciones vinculadas con influencia extranjera y campañas de desinformación.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Javier Milei durante su mensaje por Malvinas. La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados y contempla modificaciones al régimen vigente sobre la explotación de recursos naturales, además de cambios en materia de defensa, seguridad y legislación penal.
El texto deroga la Ley 26.659, sancionada en 2011, y establece un nuevo régimen de sanciones para actividades destinadas al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables que se realicen sin autorización argentina. Las penalidades previstas incluyen multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales. También alcanza a personas o empresas que faciliten o participen de esas actividades.
La iniciativa crea además un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con funciones destinadas a coordinar áreas diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, además de la protección de infraestructura crítica y de la soberanía.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos opositores es el artículo 111, que modifica el Código Penal. Según el texto difundido, establece penas de entre 5 y 12 años para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, interfieran en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación masiva o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
El diputado radical Pablo Juliano cuestionó ese apartado y sostuvo que podría utilizarse para perseguir penalmente a opositores. Esteban Paulón también criticó las facultades previstas para el nuevo esquema de seguridad. Se trata de objeciones planteadas por legisladores opositores y no de una conclusión jurídica sobre la aplicación futura de la norma.
El proyecto también amplía las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas y modifica normas sobre financiamiento partidario y terrorismo. El texto todavía no había sido girado a comisiones al momento de su ingreso al Congreso.
