Argentina y Gran Bretaña vuelven a enfrentarse por las actividades petroleras en Malvinas
El Reino Unido publicó una guía para respaldar a empresas que desarrollen negocios en las Islas Malvinas y sostuvo que la Argentina no tiene jurisdicción sobre el archipiélago. Cancillería rechazó el documento y advirtió que recurrirá a todas las instancias disponibles para defender los derechos soberanos.
El Gobierno británico difundió una nueva guía oficial destinada a empresas interesadas en desarrollar actividades económicas en las Islas Malvinas, con especial énfasis en los sectores pesquero e hidrocarburífero. El documento sostiene que la Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación no resulta aplicable dentro de las islas.
La publicación provocó una respuesta inmediata de la Cancillería argentina, que reafirmó la posición del país sobre la soberanía de las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes. “La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El comunicado argentino también advirtió a empresas y particulares que mantengan vínculos comerciales con las islas sin las autorizaciones correspondientes. Según Cancillería, el Gobierno utilizará las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para defender sus derechos soberanos.
La guía británica afirma que el Gobierno del Reino Unido respalda la actividad económica de las islas y el derecho de sus habitantes a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También señala que las actividades petroleras en la plataforma continental de las Malvinas están reguladas por la legislación de las islas.
El nuevo escenario se produce mientras las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration mantienen sus planes para avanzar con la explotación de petróleo, con una producción proyectada de entre 55.000 y 180.000 barriles diarios a partir de 2027 o 2028.
En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli imputó a empresarios vinculados con las actividades de exploración petrolera en las islas. El conflicto también se relaciona con el endurecimiento de las sanciones argentinas contra empresas y proveedores vinculados con la economía del archipiélago.
