La Justicia anuló el “bozal legal” que impedía a periodistas hablar de Tapia y Toviggino
La Cámara Penal de San Isidro revocó las restricciones impuestas por un juez de Pilar contra periodistas y dirigentes políticos. Consideró que las medidas afectaban la libertad de expresión y podían limitar el ejercicio de la actividad periodística.
La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro dejó sin efecto el fallo que había impuesto un polémico “bozal legal” a periodistas y dirigentes de la Coalición Cívica, a quienes se les había prohibido tomar contacto con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, su tesorero, Pablo Toviggino, y sus familiares.
La medida había sido dictada por el juez de Garantías de Pilar Walter Saettone, a pedido de Tapia, contra los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, además de los dirigentes Leandro Camani, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso. Entre otros puntos, les impedía acercarse a los dirigentes y a los lugares donde desarrollaran sus actividades habituales dentro de un radio de 500 metros.
Los periodistas apelaron la resolución y los jueces Gustavo Herbel, Luis Cayuela y Carlos Blanco hicieron lugar a sus planteos. Herbel sostuvo que las restricciones no se limitaban a la vida privada y familiar de Tapia y Toviggino, sino que también afectaban el trabajo periodístico y la posibilidad de investigar y comunicar asuntos de interés público.
El magistrado advirtió además que la prohibición de contacto podía alcanzar incluso a lugares vinculados con la actividad pública de los dirigentes, como la sede de la AFA. También cuestionó las restricciones para publicar datos personales cuando estas pudieran afectar investigaciones periodísticas.
Herbel remarcó que la libertad de expresión incluye la investigación y difusión de información y advirtió que las restricciones pueden generar autocensura. Según sostuvo, si una publicación resulta lesiva, debe ser sometida posteriormente a una evaluación judicial y no impedirse de manera preventiva.
Cayuela y Blanco también revocaron las medidas, aunque señalaron que el juez de primera instancia carecía de competencia para dictarlas.
