La Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario
El Tribunal Oral Federal 2 dictó una medida cautelar sobre el inmueble de San José 1111 como parte de una nueva etapa del decomiso de bienes vinculados con la condena por la causa Vialidad.
El departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente arresto domiciliario, quedó alcanzado por un nuevo embargo preventivo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la ejecución de la condena por la causa Vialidad. La medida busca preservar los bienes que podrían ser objeto de decomiso para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso ordenaron embargos sobre distintos inmuebles, vehículos y activos societarios pertenecientes a los condenados en la causa. En conjunto, deben responder por una suma estimada en $685.000 millones.
El inmueble de San José 1111 pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad vinculada a la familia Kirchner que también fue investigada en una causa por lavado de activos. El tribunal aclaró que el embargo no implica que el departamento vaya a ser subastado de manera inmediata ni modifica por ahora su titularidad registral.
La medida tiene como objetivo impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o afectados mientras continúa el proceso destinado a determinar cuáles deberán ser decomisados definitivamente.
La decisión forma parte de una segunda etapa del proceso de ejecución patrimonial. En una primera instancia, el fiscal Diego Luciani había solicitado el decomiso de 111 propiedades, pedido que fue avalado por el tribunal. Esa lista incluye 20 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, 85 vinculados con Lázaro Báez y sus empresas y otros seis correspondientes a los restantes condenados.
Ese primer proceso todavía debe ser resuelto de manera definitiva por la Corte Suprema, luego de que Cristina Kirchner y Báez recurrieran las decisiones judiciales anteriores.
Mientras tanto, el TOF 2 avanzó sobre un nuevo conjunto de activos. En esta segunda etapa fueron identificados 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas empresas. También quedó incluido el dinero que Florencia Kirchner tenía depositado en una caja de seguridad bancaria, por un monto de US$ 5 millones.
Los magistrados fundamentaron las nuevas medidas en la sentencia firme de la causa Vialidad. Según esa resolución, la maniobra vinculada con la obra pública generó beneficios directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner.
El tribunal sostuvo que durante el período investigado existió una relación económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y las sociedades Los Sauces y Hotesur. Según la sentencia, las compañías del empresario alquilaron, explotaron comercialmente y participaron en emprendimientos vinculados con propiedades y hoteles de la familia Kirchner.
Los jueces consideraron que los beneficios obtenidos mediante esa operatoria pudieron incorporarse a los activos de esas sociedades y establecieron que los bienes adquiridos por los nueve condenados entre 2003 y 2015 pueden quedar alcanzados por el decomiso.
La resolución también contempla bienes transferidos gratuitamente a terceros y participaciones societarias que pudieran haber recibido beneficios derivados del delito.
Por ahora, el embargo sobre San José 1111 no modifica la situación habitacional de Cristina Kirchner. Sin embargo, el futuro del inmueble dependerá de la resolución definitiva que adopte la Justicia sobre el proceso de decomiso.
