Avanza un plan para vender remedios en supermercados
El Gobierno prepara un proyecto de desregulación económica que habilitaría la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. La iniciativa también propone cambios en el mercado inmobiliario, el sector agropecuario, la navegación, la industria vitivinícola y la comercialización de libros.

El Gobierno nacional ultima los detalles de un amplio paquete de reformas económicas que enviaría al Congreso con el objetivo de eliminar regulaciones y promover una mayor competencia en distintos sectores. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, espera la firma del presidente Javier Milei antes de iniciar su tratamiento legislativo.
Uno de los cambios más relevantes contempla autorizar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados y otros comercios, además de ampliar la comercialización online con entrega a domicilio. La propuesta busca convertir en ley parte de las modificaciones incluidas en el DNU 70/2023, cuya aplicación quedó parcialmente suspendida por decisiones judiciales tras las presentaciones realizadas por entidades farmacéuticas.
El texto también elimina el precio único de los libros, permitiendo que cada librería establezca libremente sus valores y promociones. A su vez, desregula el mercado de las garrafas de gas licuado de petróleo, limitando la intervención estatal únicamente a los controles vinculados con la seguridad.
En materia agropecuaria, la iniciativa propone derogar la ley de arrendamientos rurales para que propietarios y productores puedan pactar sin restricciones la duración, el precio y la modalidad de los contratos. También impulsa una apertura del cabotaje fluvial a embarcaciones extranjeras y una reforma del mercado inmobiliario que elimina la obligatoriedad del título universitario y la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero.
El proyecto incluye además cambios en el sistema de garantías para el acceso al crédito, habilitando el uso de activos virtuales y contratos inteligentes, modifica el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dispone la disolución de la Coviar y elimina la exención total del Impuesto a las Ganancias para cooperativas con excedentes superiores a $500 millones anuales. Además, solicita al Congreso facultades delegadas por seis meses para avanzar con nuevas desregulaciones mediante decretos.
