Crece la preocupación por la obesidad infantil en medio del debate sobre el futuro del etiquetado frontal

Especialistas advierten que cuatro de cada diez niños y adolescentes presentan exceso de peso, mientras el Gobierno impulsa cambios en la normativa sobre alimentos y negocia una nueva posición dentro del Mercosur.

La discusión sobre el futuro de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable volvió a instalarse en la agenda pública en un contexto marcado por el aumento de la obesidad infantil. Mientras el Gobierno impulsa la derogación del sistema de etiquetado frontal y participa de negociaciones regionales para modificar los criterios de rotulado nutricional, organismos internacionales y especialistas en salud alertan sobre el impacto que el exceso de peso tiene en la población infantil y en las cuentas públicas.

De acuerdo con datos difundidos por Unicef Argentina, el 41,1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso. A nivel global, la obesidad infantil se triplicó en los últimos 25 años, alcanzando a unos 188 millones de menores. Además, Argentina figura entre los países de América Latina con mayores índices de sobrepeso en la primera infancia.

Los especialistas sostienen que el problema trasciende el ámbito sanitario y tiene consecuencias económicas de largo plazo. Según estimaciones internacionales, cada niño con obesidad representa un elevado costo para la sociedad debido al incremento de enfermedades crónicas, la reducción de la productividad laboral y el impacto sobre los sistemas de salud.

En paralelo, el debate regulatorio se trasladó al ámbito del Mercosur, donde los países analizan la posibilidad de unificar los criterios de rotulado nutricional. La posición que adopte Argentina podría modificar el actual esquema de advertencias mediante octógonos negros y acercarlo al modelo vigente en Brasil, considerado por algunos especialistas como más flexible.

Organizaciones dedicadas a la salud pública sostienen que cualquier cambio en la legislación debería preservar las herramientas destinadas a promover una alimentación saludable, especialmente aquellas orientadas a proteger a niños y adolescentes mediante la regulación de la publicidad de alimentos ultraprocesados y los entornos escolares. Mientras tanto, la discusión continúa abierta tanto en el plano legislativo como en las negociaciones regionales.

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