El Gobierno prepara un régimen especial para reactivar obras públicas paralizadas
La iniciativa busca facilitar acuerdos sobre contratos detenidos, reducir litigios contra el Estado y ordenar los compromisos pendientes del presupuesto nacional.
El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley destinado a resolver la situación de cientos de contratos de obra pública que permanecen paralizados. La iniciativa propone la creación de un régimen excepcional que permita renegociar esos convenios, evitar una mayor judicialización y reducir el impacto que generan sobre las cuentas públicas.
La propuesta apunta a ofrecer un marco legal que facilite la resolución de conflictos entre el Estado y las empresas contratistas, muchas de las cuales mantienen reclamos por obras suspendidas o interrumpidas durante los últimos años. Según el Ejecutivo, la ausencia de una solución integral podría derivar en nuevos juicios con elevado costo fiscal.
Otro de los objetivos del proyecto consiste en disminuir los denominados pasivos contingentes que continúan registrados en el presupuesto nacional. Para el Gobierno, resolver esa situación permitirá mejorar la previsibilidad financiera y ordenar los compromisos pendientes heredados de administraciones anteriores.
El esquema contempla mecanismos para revisar cada contrato y determinar la viabilidad de su continuidad, renegociación o cancelación definitiva. La intención oficial es avanzar caso por caso, priorizando aquellas obras consideradas estratégicas o con mayor grado de ejecución.
La iniciativa se enmarca dentro de la política de reorganización del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei, que busca reducir el peso de los compromisos estatales sin resignar herramientas para resolver conflictos contractuales acumulados durante los últimos años.
