Milei impulsa cambios en la Justicia: busca acelerar la designación de jueces y fiscales
El Gobierno prepara modificaciones en el sistema de selección judicial con el objetivo de reducir tiempos administrativos. La iniciativa genera debate por los cambios en los criterios actuales para integrar la Corte Suprema.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una serie de modificaciones vinculadas al proceso de designación de jueces y fiscales, con el argumento de agilizar los procedimientos y reducir los plazos que actualmente demanda la cobertura de cargos vacantes.
La iniciativa está siendo trabajada desde el Ministerio de Justicia, donde sostienen que el sistema actual presenta demoras que afectan el funcionamiento del Poder Judicial. La propuesta apunta a modificar algunos mecanismos administrativos y de selección para acelerar la llegada de nuevos funcionarios judiciales.
Uno de los puntos que generó mayor discusión está relacionado con la eliminación de la obligación de considerar la presencia de mujeres dentro de la Corte Suprema. Desde el oficialismo explican que buscan eliminar requisitos que consideran limitantes para la selección de candidatos, mientras que sectores opositores cuestionan el cambio.
El debate se da en un contexto de tensión política por el funcionamiento de la Justicia y por la necesidad del Gobierno de cubrir cargos estratégicos. La designación de magistrados requiere acuerdos institucionales y atraviesa un proceso que involucra al Poder Ejecutivo y al Senado.
Desde la administración libertaria sostienen que la reforma busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y evitar que los puestos vacantes permanezcan abiertos durante largos períodos. Para sus críticos, algunos cambios podrían afectar criterios de representación y equilibrio institucional.
La discusión sobre la reforma judicial forma parte de una agenda más amplia del Gobierno, que incluye modificaciones en distintos organismos estatales y una revisión de procedimientos considerados burocráticos.
El avance de la iniciativa abrirá una nueva etapa de negociación política, especialmente en el Congreso, donde cualquier cambio profundo en la estructura judicial requerirá respaldo legislativo.
