El Gobierno endurece el control sobre los informes técnicos que analizan el ajuste fiscal
El oficialismo avanzó con cambios en el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y abrió una nueva disputa política por el acceso a los informes técnicos que evalúan el impacto del ajuste económico impulsado por Javier Milei.
Una resolución de la comisión bicameral que supervisa el organismo estableció nuevas condiciones para la elaboración de estudios extraordinarios, incluyendo la necesidad de una autorización previa para determinados trabajos.
La medida generó críticas de sectores opositores, que interpretan el cambio como un intento de limitar la autonomía técnica de una institución que cumple un rol clave en el análisis de las cuentas públicas.
La OPC tiene como función brindar información sobre la evolución del presupuesto, el gasto estatal y el impacto fiscal de distintas iniciativas legislativas. Sus informes son utilizados como referencia por diputados, senadores y especialistas económicos.
La decisión ocurre en un momento donde el Gobierno busca sostener el relato de equilibrio fiscal y defender los resultados de su programa económico, mientras distintos sectores analizan el impacto concreto del ajuste sobre las cuentas del Estado.
El manejo de la información presupuestaria se transformó en un eje de discusión política, especialmente por la importancia de contar con datos oficiales sobre la ejecución del gasto público.
