El Gobierno busca controlar los informes sobre el ajuste y avanza sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso
El Gobierno activó un mecanismo de control sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mediante una resolución de la comisión bicameral que regula su funcionamiento, una decisión que generó cuestionamientos por el impacto que podría tener sobre los estudios técnicos vinculados al gasto público.
La medida establece que ciertos informes extraordinarios deberán contar con autorización política previa, una situación que ocurre mientras se demora la publicación de algunos datos relacionados con la ejecución presupuestaria del Estado.
La OPC es un organismo técnico encargado de elaborar análisis sobre las cuentas públicas, proyectos de ley y evolución del presupuesto nacional. Sus informes son utilizados por legisladores, especialistas y actores del mercado para evaluar el impacto económico de las decisiones oficiales.
Desde sectores opositores cuestionaron la decisión al considerar que puede afectar la independencia técnica del organismo. En cambio, desde el oficialismo argumentan que buscan ordenar el funcionamiento de la oficina y establecer criterios más claros para la elaboración de estudios.
La discusión se da en un contexto donde el Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es uno de los principales pilares de su programa económico y donde los datos sobre el ajuste presupuestario tienen una fuerte relevancia política.
El rol de la OPC volvió a ocupar un lugar central en el debate público debido a la necesidad de contar con información precisa sobre el impacto de las medidas fiscales.
