Una cooperativa vinculada a Juan Grabois cobró más de US$ 7 millones durante el gobierno de Alberto Fernández
El Amanecer de los Cartoneros recibió fondos entre 2020 y 2023 a través de programas del Ministerio de Desarrollo Social. La Ciudad de Buenos Aires desalojó el predio que ocupaba de manera ilegal en Parque Avellaneda.
La cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, integrada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera el diputado kirchnerista Juan Grabois, volvió al centro de la escena tras el desalojo de un predio ocupado de forma ilegal en Parque Avellaneda. Más allá del operativo del Gobierno porteño, el caso reavivó el debate sobre el volumen de fondos estatales que recibieron organizaciones sociales durante la gestión de Alberto Fernández.
Según datos oficiales a los que accedió Clarín, El Amanecer de los Cartoneros cobró entre 2020 y 2023 un total de $1.099,6 millones en transferencias discrecionales del entonces Ministerio de Desarrollo Social. Convertidos al tipo de cambio oficial de cada período, esos montos equivalen a US$ 7.266.380. La cooperativa percibió $394,5 millones en 2020, $232,3 millones en 2021, $254,1 millones en 2022 y $218,7 millones durante el primer semestre de 2023.
El desalojo se llevó adelante en un inmueble ubicado en Ameghino 1035, debajo de la autopista Perito Moreno, que era utilizado como depósito sin autorización. El operativo contó con la participación de agentes del Ministerio de Espacio Público, maquinaria pesada, camiones y efectivos de la Policía de la Ciudad. Tras la recuperación, el predio quedó bajo la órbita del Ministerio de Hacienda porteño, que definirá su destino.
El caso de El Amanecer se inscribe en un esquema más amplio: entre 2020 y 2023, casi 500 cooperativas y asociaciones vinculadas a organizaciones piqueteras y sectores alineados al kirchnerismo recibieron fondos que, al tipo de cambio oficial, sumaron más de US$ 283 millones. Dentro de ese universo, la cooperativa ligada a Grabois encabezó el ranking de mayores ingresos.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que el desalojo forma parte de una política sostenida de ordenamiento del espacio público. En los últimos dos años, la Ciudad recuperó más de 550 propiedades ocupadas ilegalmente, tanto públicas como privadas, y reforzó controles para erradicar actividades informales y usurpaciones en distintos barrios.
